Algunos grupos de presión y activistas promueven la normalización de la prostitución, intentando sostener la idea de que es «un trabajo como cualquier otro». Sin embargo, esta perspectiva es profundamente errónea por varias razones.
En primer lugar, una ley que «legalice» la prostitución contradice los principios fundamentales en los que se basan todas las leyes y regulaciones, es decir, garantizar la justicia, la seguridad y la protección de la dignidad humana. La prostitución, de hecho, está intrínsecamente ligada a dinámicas de explotación y desigualdad que no pueden ignorarse ni normalizarse a través de un marco legal.
En segundo lugar, el propio concepto de «trabajo sexual» es insensato y engañoso: no todas las actividades realizadas por los seres humanos tienen la misma dignidad y valor. La prostitución implica la venta de actos profundamente íntimos, vinculados a la esfera más privada y personal de un individuo, y no puede equipararse a otras formas de trabajo. Reducir la sexualidad a una mercancía de intercambio significa negar su naturaleza relacional y convertirla en un objeto de comercio, comprometiendo la dignidad de la persona involucrada.
La única similitud con el trabajo es que puede compararse con la explotación, incluso cuando es llevado a cabo voluntariamente por mujeres, ya que es el hombre quien se aprovecha de la vulnerabilidad económica, social o personal de la mujer.
Incluso en los casos en los que las mujeres deciden libre y conscientemente vender actos sexuales, su elección no puede ser favorecida ni fomentada mediante la legalización, ya que prevalece el derecho fundamental a no venderse a uno mismo y evitar mercantilizar los actos sexuales. Además, existe una necesidad primordial de proteger a las mujeres adultas y menores que viven en situaciones de dificultad económica o social y que, en presencia de la legalización, podrían verse atraídas hacia la prostitución y desviadas de caminos educativos y de vida más dignos.
Así como no es lícito donar un ojo o un hígado en vida, no puede ser admisible considerar la prostitución como un trabajo o una actividad regulada y remunerativa. Esto, de hecho, facilitaría el ingreso a la prostitución de grupos sociales vulnerables, como personas empobrecidas o aquellas con problemas sociales o personales.
La legalización también haría imposible llevar a cabo investigaciones en lugares cerrados donde ocurre la prostitución debido a la extrema intimidad necesaria para realizar tales actos. Las leyes de privacidad y laborales impedirían controles, inspecciones o investigaciones adecuadas, obstaculizando así la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, que afecta a la mayoría de las mujeres prostituidas en el mundo.
Por lo tanto, debe rechazarse el uso del término «trabajo sexual». Sería más preciso utilizar el término «personas prostituidas».
Las leyes son herramientas a través de las cuales el Estado garantiza el orden, la seguridad, la equidad y el progreso en la sociedad, protegiendo los derechos fundamentales de cada individuo y regulando las relaciones entre los ciudadanos. Sin embargo, una ley que legaliza y normaliza la prostitución entra en conflicto directo con estos objetivos y no cumple con las tareas esenciales de la legislación por las siguientes razones:
Garantizar el orden y la seguridad
Las leyes previenen conflictos, garantizan la seguridad de los ciudadanos y crean un marco legal que protege a las personas de comportamientos perjudiciales. Sin embargo, legalizar la prostitución no protege a las mujeres involucradas, sino que beneficia principalmente a quienes compran servicios sexuales. Una vez regulado, es inevitable que el mercado se expanda hacia formas más organizadas, como burdeles, vitrinas sexuales y otros sistemas que, aunque legales, contribuyen a reforzar la explotación y la marginación de las mujeres. De hecho, la prostitución legalizada no elimina las redes ilegales o criminales conectadas a ella, sino que las facilita y hace más difícil su monitoreo, amenazando el orden social.
Proteger los derechos y la dignidad de las personas
Las leyes existen para proteger derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad. La prostitución es inherentemente incompatible con estos principios porque se basa en una relación de poder desequilibrada, donde la mujer es tratada como una «mercancía» para ser comprada, violando su dignidad y autonomía. Legalizar esta práctica significa que el Estado, a través de la tributación, se beneficia de la venta de actos sexuales, reforzando la injusticia y la desigualdad de género: más del 95% de los clientes son hombres, mientras las mujeres continúan ocupando la posición de la parte explotada y subordinada.
Promover la equidad y la justicia social
Las leyes deben garantizar la justicia en las relaciones personales y económicas y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, la prostitución es, por naturaleza, un sistema injusto que explota las vulnerabilidades económicas, sociales y personales de las mujeres, convirtiendo su condición en una oportunidad de beneficio para otros. Una ley que legaliza esta práctica, en lugar de promover la equidad, legitima un sistema opresivo que perpetúa la subordinación femenina y la discriminación de género.
Castigar y corregir comportamientos ilícitos
Las leyes están destinadas a desalentar y sancionar acciones que violen las normas fundamentales de convivencia civil. La prostitución, a menudo presentada como una elección personal, está en realidad impulsada por la pobreza, la violencia y la trata de personas. Legalizarla significa ignorar la raíz del problema y no castigar comportamientos que explotan la vulnerabilidad de quienes se prostituyen. En lugar de combatir la trata y la opresión de las mujeres, el Estado termina facilitando el fenómeno.
Regular las relaciones entre los ciudadanos y garantizar la justicia económica
Las leyes regulan las relaciones entre individuos para garantizar la equidad y la transparencia. Sin embargo, en la prostitución, esta equidad está completamente ausente: la relación económica entre el cliente y la prostituta está marcada por un profundo desequilibrio de poder. Legalizar el «contrato» de prostitución no elimina la injusticia inherente a la compra del cuerpo de alguien, sino que la normaliza, convirtiendo una grave violación de los derechos en un acto «legalmente aceptable».
Promover el desarrollo y el progreso social
Las leyes sirven para fomentar el progreso de la sociedad, proteger a los más vulnerables y promover políticas de igualdad y sostenibilidad. Legalizar la prostitución no representa un progreso, sino un retroceso social, ya que perpetúa modelos culturales opresivos y explotadores, bloqueando cualquier intento de emancipar a las mujeres involucradas. Una sociedad verdaderamente progresista debería, en cambio, invertir en medidas de prevención, educación, apoyo económico y reintegración social para las mujeres, eliminando las causas que las empujan hacia la prostitución.
Podemos concluir con algunas sugerencias.
Nunca se debe utilizar el término «trabajo sexual» u otras formas suavizadas como escorts, trabajadoras sexuales, operadoras sexuales o asistentes sexuales.
No es un trabajo, sino una forma de sumisión y explotación de las mujeres en diversas formas y grados.
Si se deben introducir regulaciones, estas deben apuntar a reducir la demanda sancionando a los clientes que compran servicios sexuales y a quienes facilitan, explotan o promueven la prostitución.
La prostitución debe ser abolida, y las personas involucradas deben ser ayudadas a salir de ella mediante la provisión de oportunidades alternativas que sean menos degradantes y menos riesgosas para los grupos vulnerables de la sociedad.
Paolo Botti
